Ciudad Juárez.– En dos intervenciones, cinco elementos de la Guardia Nacional (GN), adscritos al Aeropuerto Internacional Abraham González, fueron detenidos y acusados de extorsión y secuestro exprés contra dos connacionales que arribaron a Ciudad Juárez la semana pasada procedentes de la Ciudad de México.
Los delitos se agravan por ser cometidos por servidores públicos durante el desempeño de sus funciones, según las causas penales 439/2026 y 443/26.
Un taxista también fue detenido junto a uno de los oficiales pero fue liberado, sin embargo, aportó datos para la investigación de la que presumen es una probable red de secuestradores contra personas en situación de movilidad y en la que más funcionarios federales estarían involucrados, incluidos elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), informó personal de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los primeros cuatro detenidos, presentados ante un juez federal de Control el pasado viernes, están en prisión preventiva y será el próximo 8 de julio cuando el juzgador resuelva si vincula o no a proceso a los servidores públicos.
Los presuntos secuestradores son los soldados Fernando P. R., de 34 años; Horacio D. C. S., de 24, y Alfredo G.C. de 31, además el sargento primero Jesús Gerardo R. A., de 43 años.
La captura
Al Aeropuerto Internacional Abraham González aterrizó un vuelo procedente de la Ciudad de México la mañana del jueves 2 de julio. Uno de los pasajeros pasó por el área de revisión migratoria donde personal del INM le solicitó sus documentos y lo hicieron esperar cerca de cinco minutos. La persona acreditó su estancia legal en el país por ser connacional y se le permitió continuar.
Posteriormente, al dirigirse hacia la salida del aeropuerto, en el estacionamiento fue abordado por cuatro elementos de la Guardia Nacional que lo retuvieron de manera ilegal durante un lapso aproximado de 27 minutos.
En casi media hora los oficiales lo despojaron de su teléfono celular y con amenazas exigieron a los familiares de la víctima el pago de 15 mil pesos a cambio de su libertad.
El pago fue realizado vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la esposa de uno de los agresores y mientras esperaban la notificación del envío del dinero el ciudadano fue esposado.
La acusación formulada por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) ante el juez de Control refiere que, en un descuido de los agentes, la víctima corrió de regreso al interior del aeropuerto para pedir auxilio a gritos.
Tras de él ingresaron tres de los elementos de la Guardia Nacional que lo retuvieron y lo sometieron nuevamente, en esta ocasión emplearon el uso excesivo de la fuerza y mediante golpes y forcejeos lo sacaron nuevamente al exterior, aún esposado, y lo subieron por la fuerza a una unidad oficial de la Guardia Nacional.
En imágenes exclusivas de El Diario se observa el momento en que tres agentes hacen uso de la fuerza para someter al ciudadano, que llora ante el probable abuso cometido en su contra. Los oficiales lo someten sin que exista motivo para su arresto y por la fuerza lo sacan por una de las puertas del aeropuerto.
Ante los gritos y la presencia de más ciudadanos que observaban los hechos y la petición de auxilio del ciudadano, personal del INM y el comandante de la GN, adscrito al aeropuerto, intervinieron y se entrevistaron con el ofendido, que acusó a los agentes de los delitos ya referidos.
Los oficiales fueron detenidos por sus propios compañeros y junto con la víctima fueron trasladados a la sede de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua (FECOR) de la Fiscalía General de la República, que finalmente los presentó el sábado ante el juez federal de Control por los delitos de extorsión y secuestro exprés.
Las investigaciones:
La captura de cuatro elementos de la Guardia Nacional asignados al aeropuerto internacional de esta frontera es la primera realizada en términos de flagrancia relacionados con el secuestro de migrantes, sin embargo, la FGR busca más indicios de colusión entre agentes del INM y GN en actividades ilícitas, ya que a pesar de que todos acreditan su estancia legal en el país son detenidos de manera ilegal primero en la revisión migratoria y luego en el estacionamiento.
Durante esta investigación fueron solicitados los videos del aeropuerto desde la llegada de la víctima hasta que fue auxiliado por otros agentes federales, ya que se determinó que viajaba con otras personas y todas fueron víctimas de extorsión mientras eran retenidas en el estacionamiento, y fueron liberadas cuando el pasajero corrió y pidió auxilio, ya que tres elementos fueron tras él y uno se quedó solo con el resto.
A todos los entrevistan y acusan a los oficiales de extorsión y retención ilegal, según la investigación.
Más detenciones
El viernes, durante el desarrollo de las investigaciones fue detenido un quinto agente federal y un taxista, ya que el elemento tenía retenida de manera ilegal a una persona, según observó el administrador del aeropuerto que entrevistó a la víctima.
La audiencia
El agente de la Guardia Nacional adscrito al Aeropuerto Internacional Abraham González Jonathan de Jesús O. V. fue inculpado por los delitos de secuestro exprés y extorsión agravada, luego de que presuntamente exigiera 3 mil pesos a un pasajero recién llegado de la Ciudad de México para permitirle abordar un taxi y retirarse de la terminal aérea.
En la misma audiencia, la jueza Haydeé de Santiago Wong Edges declaró legal la detención del agente, mientras que ordenó la liberación inmediata del conductor de un taxi oficial del aeropuerto, al considerar que no existían elementos para sostener que su captura ocurrió en flagrancia.
La juzgadora impuso al guardia nacional la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó para el martes 7 de julio a las 18:15 horas la continuación de la audiencia inicial, en la que resolverá si lo vincula o no a proceso, pues la defensa del inculpado solicitó la duplicidad del plazo constitucional de 72 horas.
Durante la audiencia, celebrada en la Sala Segunda del Centro de Justicia Penal Federal, el ministerio público expuso que los hechos ocurrieron la mañana del 3 de julio en el área de taxis del Aeropuerto Internacional Abraham González.
La víctima, identificada con las iniciales E. A. P., había llegado procedente de la Ciudad de México, tras iniciar su viaje en Tapachula, Chiapas.
De acuerdo con la carpeta de investigación 1407/26 y el informe policial homologado elaborado por elementos de la Guardia Nacional, el pasajero solicitó el servicio de taxi oficial autorizado para operar en el aeropuerto y, al no conocer la ciudad, entregó su teléfono celular al conductor asignado para que una persona con la que se reuniría le indicara la ruta a seguir.
La víctima declaró que el taxista entregó de manera voluntaria el teléfono al elemento de la Guardia Nacional y que éste presuntamente le exigió 3 mil pesos para permitirle continuar su trayecto. Según la imputación, el agente le advirtió que no podría retirarse del lugar si no entregaba el dinero.
El afectado dijo que no contaba con esa cantidad y posteriormente ofreció 700 pesos. En esos momentos, un hombre identificado como el administrador del aeropuerto observó que la víctima se encontraba alterada y, tras conocer lo ocurrido, dio aviso a la Guardia Nacional.
Al lugar acudieron varios elementos de la corporación, entre ellos un teniente de la Guardia Nacional, quien entrevistó a la víctima y le pidió identificar tanto al guardia nacional como al conductor del taxi. Ambos fueron detenidos y puestos posteriormente a disposición del Ministerio Público federal.
En la audiencia, la defensa del taxista Alberto M.R. argumentó que la víctima nunca realizó un señalamiento directo en su contra por haberlo privado de la libertad o extorsionado, sino únicamente refirió que le entregó su teléfono para recibir indicaciones.
Además, sostuvo que no existían datos que permitieran inferir un acuerdo previo entre el conductor y el elemento de la Guardia Nacional.
La jueza coincidió con ese planteamiento y concluyó que no existía flagrancia respecto del conductor, ya que no había un señalamiento objetivo sobre una participación directa en los hechos ni elementos que acreditaran una actuación conjunta con el guardia nacional.
En consecuencia, declaró ilegal su detención, ordenó su inmediata libertad y concedió medidas de protección a su favor.
En contraste, la juzgadora estimó que sí existía un señalamiento directo y categórico contra Jonathan D.H., pues la víctima lo identificó como la persona que presuntamente le exigió el dinero e impidió que continuara su trayecto, lo que, a criterio del juzgado, constituyó datos objetivos sobre una restricción a su libertad de tránsito y permitió calificar de legal su detención.
Al formular la imputación, el Ministerio Público señaló que cuenta como datos de prueba con el informe policial homologado, la comparecencia de la víctima, un informe de investigación criminal con inspecciones en el aeropuerto y el área de taxis, testimonios de trabajadores de la terminal, videos de vigilancia y un oficio de la Guardia Nacional que acredita que Jonathan D. H. se encontraba adscrito al Aeropuerto Internacional Abraham González al momento de los hechos.
Trascendió que por ambos delitos, los elementos de la Guardia Nacional podría obtener una pena de entre 70 a 75 años, en caso de comprobar su culpabilidad.
El Diario realizó ocho peticiones de información a mandos de la GN en Juárez y Chihuahua sin recibir respuesta alguna hasta el cierre de esta edición.