Chihuahua, Chih.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en Chihuahua, resolvió el conflicto competencial 20/2025, declarando la competencia del fuero federal para conocer el delito de peculado imputado a Javier Corral Jurado y otros.

La esposa del exgobernador, Cinthia Chavira, publicó un comunicado de prensa atribuido al despacho legal Shutte And Delsol, con domicilio en la ciudad de México, en el cual se atribuye que esta decisión ocurrió después de que la defensa solicitara a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer su facultad de atracción en el asunto.

“La solicitud se sustentó en diversos y sólidos fundamentos legales, pero sobre todo, en que los fines constitucionales del proceso penal, y los derechos de las víctimas y la sociedad a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño, no se iban a cumplir en Chihuahua, en donde ni siquiera se había permitido a los imputados presentar pruebas y argumentos”, indica el despacho.

De acuerdo con el comunicado, la competencia federal se buscó para tener un tribunal “que los escuche, para que una autoridad les permita defenderse, y para que el asunto se resuelva conforme a Derecho”.

La FGR -dice la comunicación- determinó ejercer la facultad de atracción y dos jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación también consideraron que la competencia era federal, por lo que después de muchas horas de audiencias, alegatos y pruebas de las partes, se ordenó a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y al Juez de Control local desistirse del conocimiento del asunto y remitir los expedientes.

“Hoy el Tribunal Colegiado confirma este criterio”, ante lo cual, las autoridades federales estarían en condiciones de analizar las pruebas y alegatos de las partes pasa resolver conforme a Derecho”, señalan.

La acusación de la Fiscalía Anticorrupción (FACH) contra el exgobernador y otros está basada en un reporte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que establece que un despacho cobró, en la administración 2016-2021, la cantidad de 98.6 millones de pesos de recursos públicos para la realización de estudios para la reestructuración de la deuda estatal, estudios cuya evidencia de que fueron realizados no fueron jamás presentados.

La acusación es la misma por la cual elementos de la fiscalía anticorrupción trataron de ejecutar una orden de aprehensión el 14 de agosto de 2024 contra Javier Corral mientras estaba en un restaurante de la Ciudad de México, antes de adquirir el fuero senatorial.

En mayo del año pasado el juez penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos, Humberto Chávez Allende, emitió la orden de aprehensión contra Pedro L. E., dueño del despacho López Elías Finanzas Públicas, Sociedad Civil, convertido en el tercer prófugo dentro de la causa penal 3050/2024, junto con Arturo F. V. y Javier Corral Jurado.

El propietario del despacho no atendió la orden judicial de presentarse ante dicho juez para que le fueran formulados los cargos por estar presuntamente relacionado en un acto de peculado por 98.6 millones de pesos, en el cual habrían participado el exsecretario de Hacienda y el exgobernador, ambos declarados evadidos de la justicia en Chihuahua.

Pedro L. promovió un amparo ante la posibilidad de que existiera una orden de captura en su contra, pero el juzgado federal le negó el recurso, ya que no había materia; debía presentarse a declarar desde el 22 de enero del 2025 pero gracias a otro amparo que tramitó no lo había hecho, sin embargo, en mayo del año pasado venció el plazo de la suspensión provisional que le dio la justicia federal.

El exsecretario de Hacienda del Estado cumplió 24 meses prófugo luego de que el 5 de mayo de 2023 fue girada una orden de detención solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, pero debido a un amparo que solicitó, evitó ser arrestado y posteriormente dejó el país.

En la actualidad Arturo F. no tiene la protección de la Justicia Federal, ya que desde mayo del año pasado el Juzgado Tercero de Distrito notificó al Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no cumplió con las disposiciones para mantener la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra, las cuales eran que debía acudir al juzgado para ser enterado de las acusaciones y dar una respuesta a las autoridades.

El 9 de mayo de 2023 fue dado a conocer públicamente que los tres imputados están acusados de peculado agravado por 98 millones 600 mil pesos por pagos irregulares, realizados en dos exhibiciones iguales de 49 millones 300 mil pesos, los días 3 de diciembre de 2019 y el 5 de agosto de 2020 a favor del despacho para planear la reestructuración de deuda estatal, esto de acuerdo con observaciones realizadas por la ASE.

En la observación de la instancia fiscalizadora, fue precisado que además de que no presentaron los entregables del trabajo realizado, esta era una función que debió realizar la Secretaría de Hacienda, ya que cuenta con el personal especializado.