Chihuahua, Chih.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván afirmó que en el gobierno de Javier Corral existieron actos de tortura en contra de al menos seis funcionarios públicos, hechos que quedaron acreditados mediante el Protocolo de Estambul y que derivaron en violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
La mandataria estatal fue cuestionada sobre la orden emitida por un juez federal para reabrir la investigación contra el exconsejero del gobierno de Javier Corral, Maclovio Murillo, señalado por presuntos actos de tortura durante asuntos penales en contra de exfuncionarios de César Duarte.
Campos Galván sostuvo que durante la administración anterior recurrieron, a prácticas indebidas con el objetivo de obtener testimonios y documentos que permitieran judicializar casos y encarcelar a exservidores públicos.
Precisó que no defiende a persona alguna y que quien haya cometido delitos debe responder ante la ley, aunque subrayó que ninguna autoridad puede violentar derechos fundamentales para sostener acusaciones penales. Reiteró que las investigaciones y procesos deben conducirse con apego estricto a la legalidad.
Indicó que el Protocolo de Estambul acreditó que por lo menos seis personas enfrentaron procesos penales de manera indebida tras sufrir actos de tortura, lo que derivó en resoluciones judiciales que evidenciaron irregularidades graves durante ese periodo.
Afirmó que el uso de la tortura constituyó un mecanismo para construir casos penales y que esa práctica vulneró garantías básicas, situación que hoy está documentada y reconocida por instancias judiciales. Añadió que la justicia no puede sostenerse sobre violaciones a los derechos humanos.
En torno a la reapertura de la investigación ordenada por un juez federal, la gobernadora expresó que su administración mantendrá una postura de respeto absoluto a las resoluciones judiciales y a las competencias de cada autoridad.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, fue consultado sobre la determinación judicial que ordena reactivar la denuncia contra el exconsejero del gobierno de Javier Corral. El funcionario estatal señaló que no conoce a detalle el contenido de la resolución, aunque confirmó que la instrucción proviene de un juez federal.
“Recurrieron a prácticas indebidas con el objetivo de obtener testimonios y documentos que permitieran judicializar casos y encarcelar a exservidores públicos”
Maru Campos Galván, Gobernadora
De la Peña Grajeda afirmó que el Gobierno del Estado mantiene una posición de respeto a la ley y a las decisiones de las autoridades judiciales, por lo que permanecerá atento en caso de que alguna instancia federal requiera información o pruebas que obren en poder de la administración estatal.
El secretario general explicó que el asunto está en el ámbito de la justicia federal y recordó que en otros momentos los tribunales determinaron que diversos casos relacionados con el exgobernador Javier Corral correspondían a esa competencia. Señaló que el Gobierno del Estado acatará las resoluciones que emitan las autoridades judiciales.
Agregó que la reapertura de investigaciones forma parte de la dinámica propia del sistema de justicia y que las autoridades estatales atenderán cualquier requerimiento conforme a derecho, sin adelantar posturas ni emitir juicios anticipados.
Las declaraciones de ambos funcionarios ocurrieron luego de que trascendiera la orden judicial para retomar la investigación por presuntos actos de tortura cometidos durante el gobierno de Javier Corral, un tema que volvió al debate público tras resoluciones recientes en tribunales federales.