El funcionario explicó que los trabajos de control ya comenzaron en campo, encabezados por los propios dueños y poseedores de terrenos forestales que cuentan con programas de manejo, los cuales los obligan a ejecutar acciones de saneamiento y a mantener brigadas contra incendios como parte de las condiciones para el aprovechamiento maderable.
Molinar Hernández indicó que el Estado, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), activará una campaña dirigida a apoyar a quienes no cuentan con programas de manejo, mediante la adquisición de insumos como insecticidas específicos para combatir la plaga, además de otras acciones técnicas.
“El Estado, en conjunto con la federación, entrará como apoyo para fortalecer las labores que ya realizan los productores forestales, con brigadas que serán desplegadas en distintas regiones de la sierra”, señaló.
Detalló que las 15 brigadas trabajarán en coordinación con un equipo estatal de manejo de incidentes, estructura integrada por dependencias federales y estatales, que permitirá tomar decisiones operativas y atender los brotes de manera regional.
El director de Desarrollo Forestal precisó que la propagación del escarabajo descortezador responde a las condiciones de sequía extrema registradas en los últimos años, fenómeno que históricamente favorece la aparición de este tipo de plagas. Recordó que un comportamiento similar ocurrió tras la sequía de 2011 y 2012, cuando en 2013 registraron un repunte importante.
Agregó que las autoridades mantienen identificadas las zonas con presencia del insecto y operan bajo un protocolo de notificación para activar la atención inmediata en cada caso, con el objetivo de contener su expansión en el menor tiempo posible.
En paralelo, el diputado del PAN, Jaime Torres Amaya, advirtió que la superficie afectada en 2026 oscila entre 6 mil 500 y 8 mil 500 hectáreas, con riesgo de escalar hasta 90 mil si no refuerzan las acciones de control.
El legislador presentó un punto de acuerdo para exhortar a instancias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) estatal a reducir tiempos de respuesta, ampliar el uso de tecnología para detección temprana e incrementar recursos en campo.
Torres Amaya señaló que la plaga no sólo implica la pérdida de arbolado, sino que compromete la captación de agua, eleva el riesgo de incendios forestales y afecta la economía de comunidades que dependen del bosque.
Datos expuestos en el Congreso local refieren que municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Madera, Guerrero,ocampo y Urique concentran las mayores afectaciones, en una región donde además ya han registrado incendios asociados a la acumulación de madera seca.
El antecedente más cercano ocurrió entre 2012 y 2013, cuando la plaga dañó más de 103 mil hectáreas en la entidad, escenario que autoridades y legisladores buscan evitar ante condiciones actuales de sequía más severas.