Aldama, Chih.- El Estado no tiene injerencia en el fraccionamiento Murá. El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdéz Juárez, afirmó que corresponde a la competencia exclusiva del Municipio de Aldama y advirtió que existen indicios de incumplimientos en permisos y garantías que debieron presentar los desarrolladores.
El funcionario explicó que, aunque no cuenta con información precisa sobre la falta de autorizaciones, los promotores de cualquier fraccionamiento están obligados a presentar un proyecto ante el Ayuntamiento para su aprobación, además de acreditar que el predio está libre de gravamen. Si después de ese proceso surge una situación que impide escriturar o disponer legalmente de los lotes, el caso podría encuadrar en una conducta de carácter fraudulento.
Valdéz Juárez detalló que la ley establece que ningún desarrollo puede ofertarse sin contar con autorización municipal, y que para concretar la escrituración el Ayuntamiento debe verificar que el fraccionador cumplió con las disposiciones regulatorias, como la instalación de servicios básicos —agua, drenaje y energía eléctrica— o la garantía de su ejecución mediante fianzas.
En ese sentido, indicó que si un comprador liquidó su terreno y no puede obtener su escritura, enfrenta un escenario que amerita la intervención de autoridades competentes. Precisó que es, en primera instancia, de una relación entre particulares —vendedor y comprador—, aunque el Municipio tiene la obligación de revisar y exigir el cumplimiento de las condiciones autorizadas.
El secretario recomendó a quienes buscan adquirir un bien inmueble verificar directamente ante el Municipio que el fraccionamiento cuenta con autorización, así como solicitar al desarrollador garantías de que el proyecto está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y que cumplirá con las etapas legales para su municipalización.
Añadió que el proceso formal de un fraccionamiento contempla tres momentos: la autorización municipal, la recepción anticipada para efectos de protocolización y, finalmente, la municipalización, cuando el Ayuntamiento asume la prestación de servicios. Si alguna de estas fases no es cumplida, el desarrollador debe responder ante los compradores.
Respecto al caso Murá, señaló que, con base en la información disponible, existen elementos que apuntan a irregularidades en el actuar del promotor. Ante ello, planteó que los afectados pueden acudir a instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o, en su caso, presentar denuncias ante la fiscalía correspondiente.
El posicionamiento se da en medio del colapso del proyecto Murá Residencial, iniciado en 2018 y valuado en más de 200 millones de pesos, el cual permanece con obra detenida, conflictos legales y advertencias por gravámenes sobre varios de sus lotes.