El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACh), Arturo González Ruiz, sostuvo que las modificaciones planteadas a la Ley de Aguas Nacionales, no deben poner en riesgo la producción agrícola y la seguridad del productor en su tierra y en el agua.

Detalló que de la mano con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) se busca moderar los cambios a diferentes artículos que contempla la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, pues complican la transmisión de derechos, relocalizaciones y el asunto de los aprovechamientos de libre alumbramiento.

Expuso que el pasado miércoles el sector planteó ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la Ciudad de México, adecuaciones a la iniciativa que serán analizados el próximo martes, cuando también se visitará la Cámara de Diputados para sensibilizar a los legisladores sobre el tema.

El representante de los productores agropecuarios expuso que uno de los aspectos que más preocupa en la reforma es que elimina la posibilidad de transmisión de derechos entre particulares, que es una herramienta de movilidad en el sector agropecuario, de manera que no haya tierras que dejen de producirse.

En este sentido, explicó que el agua es una parte esencial del patrimonio del productor porque potencializa el valor de la tierra. Si el productor necesita vender su parcela, ya sea por motivos económicos, enfermedad o edad, la prohibición de transmitir los derechos de agua impacta en su patrimonio.

Agregó que la posesión de un título de agua por parte del productor es también una garantía para los bancos, lo que facilita el otorgamiento de financiamientos. Con este cambio, señaló, las instituciones bancarias sólo considerarían el valor de la tierra como si fuera para agostadero y no de uso agrícola, por lo que su valor se vería reducido.

Mencionó que el primer propósito que debe defender esta ley en cuanto al sector agropecuario es el cuidar la producción, pues si bien algunas personas pudieron haber hecho mal uso del agua, no es una generalidad, por lo que la iniciativa, insistió, debe privilegiar forzosamente que no afecte la actividad agrícola.

“Hay una serie de situaciones que posiblemente no se hayan considerado y es nuestra obligación exponer los efectos de las adecuaciones de la ley. No sólo por eliminar lo que llaman el mercado negro, vamos a poner en riesgo la producción y la seguridad del productor en su tierra y en el agua”, dijo.

En tanto, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada, señaló que la gobernabilidad en el tema de recursos hídricos en el país es positiva, siempre y cuando respete los derechos de los productores.

Adelantó que se estarán realizando talleres con diputados federales y usuarios de derechos agua para poder realizar comentarios objetivamente sobre esta iniciativa.

“Hay algunas dudas de las implicaciones de estas modificaciones y siempre es importante contemplar la aplicación de la misma”, dijo.

La reforma plantea un capítulo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales, actos de corrupción cometidos en el otorgamiento de títulos de concesión y en trámites, desvío ilegal del flujo o cauce natural, con penas van de 1 a 10 años de prisión y de 300 a 4 mil días de multa.

Además, el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua y no será posible transmitir títulos de concesión entre particulares.

cvalenzuela@diarioch.com.mx