Guadalupe y Calvo, Chih.- El día de ayer se confirmó la identidad de los dos hombres asesinados el domingo 11 de mayo en el acceso a Guadalupe y Calvo: Isidro Ayala Muni y Rey David Vega Molina, ambos originarios del municipio. Uno presentaba heridas de arma blanca; el otro, impactos de bala. En la espalda de uno de los cuerpos fue hallado un mensaje que los vinculaba con el grupo “Gente Nueva” y advertía que no dieran información a “La Línea”.

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, señaló que este hecho marca un nuevo episodio de violencia entre grupos criminales en la Sierra Tarahumara. “No es nueva, es la que ya tenemos desde hace muchos años”, dijo al referirse al conflicto entre células del Cártel de Sinaloa (“Gente Nueva” / “Los Salgueiro”) y “La Línea”, brazo armado del Cártel de Juárez.

Aunque Guadalupe y Calvo arrastra una larga historia de hechos violentos, la disputa entre “Los Salgueiro” y facciones de “La Línea” como “Los Arellanes” y sus operadores “Los Ramoncillos” se ha intensificado en los últimos cuatro años.

El 2024 marcó un punto de quiebre en la estrategia de los grupos armados. El 24 de diciembre ocurrió el primer ataque con drones explosivos contra una Base de Operaciones Interinstitucional en El Pinito. Tres días después, otro ataque en El Carnero calcinó una unidad militar. El 31 de diciembre, ocho explosiones sacudieron Dolores mientras corporaciones intentaban evacuar a familias.

Ese mismo mes, las ejecuciones públicas se convirtieron en sello del terror. El 29 apareció colgado en el arco de entrada al municipio el cuerpo de Ángel Torres, de 19 años, quien había difundido videos en redes sociales junto a hombres armados. El 1 de enero, otros dos cuerpos, los de Javier Ángel González Chaparro (42) y Bonifacio Ruiz Almanza (32), fueron abandonados en el mismo sitio con un mensaje de "limpieza".

En diciembre, familias desplazadas comenzaron a llegar a la cabecera municipal. Habitantes denunciaron que sicarios de “La Línea” y “Gente Nueva” habían tomado sus comunidades.

La violencia no cesó en el resto del mes. El 4 de diciembre apareció el cuerpo de un trabajador de la mina San Julián, privado de la libertad días antes. El 9 encontraron a un hombre sin vida en El Piélago y, cerca de El Pinito, a dos más degollados. Uno de ellos había sido plagiado en la cabecera municipal, donde los atacantes también incendiaron una tienda de Conasupo.

Durante el año ocurrieron otros crímenes de alto impacto. El 5 de julio, tres hombres fueron ejecutados en la comisaría de Llano Grande; uno tenía apenas 16 años. En agosto, vecinos de Dolores alertaron sobre enfrentamientos continuos cerca del bastión de “Los Salgueiro”. Lo mismo pasó en septiembre en Cinco Llagas, donde organizaciones denunciaron riesgo de desplazamiento. El 5 de ese mes circularon imágenes de avionetas calcinadas, presuntamente usadas por el grupo.

El 25 de septiembre fue asesinado un agente activo de la Policía Municipal. Su cuerpo apareció junto a la brecha que conecta Llano Grande con Milpillas. El 2 de octubre hallaron los cuerpos de cinco presuntos integrantes de “Los Salgueiro” dentro de una camioneta oficial de la CFE que había sido robada. El trabajador logró escapar.

Entre enero de 2024 y el 1 de enero de 2025 se registraron 61 homicidios en el municipio. Desde 2021, han asesinado a 210 personas como parte del conflicto.

La violencia escaló tras el desplome de una avioneta en junio de 2022 que viajaba de Camargo a Los Mochis. En ella murieron dos adultos y cuatro menores, todos familiares de Ildefonso “Poncho” Arellanes. “La Línea” culpó al grupo de “Los Salgueiro”, encabezado por Ruperto Salgueiro. Desde entonces, “Los Arellanes” y sus aliados “Los Ramoncillos”, liderados por Ramón Medívil, intentan tomar el control de la región desde Guadalupe y Calvo hasta Parral.

Ficosec documentó 55 homicidios dolosos en 2021 y la misma cifra en 2022. Ese año también se reportaron desplazamientos forzados en enero y junio; al menos 40 familias abandonaron comunidades como San José del Rincón, Santo Domingo, Calabazas, El Tigre y Los Espinos.

En 2023 bajó el número de asesinatos a 39, pero aumentaron los desplazamientos. En junio, 39 indígenas tepehuanes —31 de ellos menores— huyeron de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita. En diciembre, la Diócesis de la Tarahumara denunció agresiones directas en Santa Tulita, Puerto de Ánimas y Puerto Riyito.

En febrero de este año, una emboscada con drones en Dolores dejó herido al general Jorge Alejandro Gutiérrez Martínez, comandante de la 42 Zona Militar. Tres soldados y una policía estatal también resultaron lesionados. El ataque evidenció el poder de fuego de los grupos criminales.

Según datos de Ficosec, desde diciembre pasado más de 90 familias han sido desplazadas, principalmente en Dolores, Cinco Llagas y El Pinito. En paralelo, las autoridades desplegaron operativos en 13 comunidades e instalaron un Ministerio Público itinerante. No obstante, los esfuerzos han resultado insuficientes frente al uso de drones, ejecuciones públicas, incendios y reclutamiento forzado.

Los recientes asesinatos del 11 de mayo, sumados al ataque contra el general Gutiérrez, confirman que la aparente calma de las últimas semanas fue apenas una pausa. La violencia ha vuelto a imponerse en Guadalupe y Calvo, donde la población, atrapada entre dos bandos, enfrenta otra vez el peso de una guerra que no termina.

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