En las primeras dos semanas de enero comenzará el proceso formal para que las primeras dos mujeres de origen indígena sean beneficiadas con la Ley de Indulto, conocida también como “Ley Beatriz”, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda. Una de ellas es precisamente la mujer chihuahuense cuyo caso dio nombre a esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo estatal.
El funcionario explicó que actualmente se trabaja en la integración del comité previsto en la legislación, órgano encargado de analizar los expedientes y emitir una opinión técnica que será remitida a la gobernadora Maru Campos, quien en ejercicio de una facultad exclusiva del Ejecutivo decidirá si se cumplen los supuestos establecidos en la ley para conceder el indulto.
De la Peña se refirió a los cuestionamientos hechos por centros de derechos humanos, que han señalado limitantes en la Ley de Indulto, particularmente en relación con los delitos que pueden ser considerados para este beneficio. Al respecto, indicó que estas observaciones fueron planteadas y discutidas durante el proceso de construcción de la norma, y subrayó que la delimitación responde a la necesidad de evitar un uso discrecional o indebido de esta facultad en el futuro.
Recordó que el indulto ya estaba contemplado en la Constitución desde hace décadas, pero no había sido regulado de manera específica. Señaló que la propuesta presentada por la gobernadora busca establecer reglas claras y acotadas, con un enfoque dirigido a la justicia para mujeres y para integrantes de pueblos originarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y que hayan sido procesadas en contextos de desigualdad.
El secretario general advirtió que una legislación sin límites podría abrir la puerta a que, en sexenios posteriores, se utilice el indulto como una salida fácil para beneficiar a personas condenadas por delitos distintos a los que dieron origen a esta ley, como faltas relacionadas con el servicio público o actos de corrupción, lo cual desvirtuaría su propósito original.
Detalló que recientemente sostuvo una reunión con el Movimiento Estatal de Mujeres, quienes le informaron que trabajan en tres posibles solicitudes de indulto. Dos de estos casos corresponden a mujeres indígenas, uno de ellos de Chihuahua y otro de una mujer originaria de Oaxaca, ambos alineados con el espíritu de la Ley Beatriz.
Precisó que, hasta el momento, las solicitudes no han sido presentadas de manera formal, pero se prevé que durante enero se integren los expedientes conforme a lo establecido en la ley. Una vez presentados, el comité correspondiente analizará cada caso y emitirá su opinión para que la gobernadora determine si procede el otorgamiento del indulto, marcando así el inicio de la aplicación de esta legislación en el estado.
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