"Podríamos morir aquí y a nadie le importaría", dijo Navdeep, uno de los cuatro detenidos que prestan su nombre a la demanda de 78 páginas presentada el viernes ante el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Texas, en su sede de El Paso.
La acción legal, promovida por la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU de Texas), la ACLU nacional, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, Human Rights Watch y el despacho Farella Braun + Martel LLP, es la primera interpuesta directamente contra Camp East Montana y exige que la instalación deje de operar en tanto no cumpla con los estándares mínimos federales de detención.
Navdeep, un ex trabajador postal sin antecedentes penales detenido desde hace cinco meses en el mayor centro de detención migratoria del país, ubicado en terrenos militares de Fort Bliss en el extremo oriente de El Paso fue contundente: "Con todo lo que ocurre a puerta cerrada, me preocupa que la gente que maneja este lugar pueda encubrir la verdad sobre una muerte o las otras injusticias que suceden aquí".
Sus palabras forman parte de una demanda federal de 78 páginas presentada el viernes por la noche por una coalición de organizaciones de derechos civiles que exige que un tribunal ordene la suspensión inmediata de las operaciones en la instalación.
Según el texto, Camp East Montana, cuya construcción costó 1,240 millones de dólares y que abrió en agosto de 2025, ha operado en flagrante violación de los estándares federales de detención desde el primer día y que sus condiciones equivalen a un castigo inconstitucional de detenidos civiles.La querella acusa al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de presidir un campamento de carpas donde los detenidos son rutinariamente golpeados por guardias, privados de atención médica adecuada, expuestos a enfermedades y obligados a vivir en condiciones de miseria que ya han contribuido a tres muertes —incluida una calificada como homicidio luego de que un hombre fue golpeado hasta la muerte por el personal de la instalación tras pedir su inhalador para el asma.
"Camp East Montana no es nada menos que una catástrofe de derechos civiles", dijo Kyle Virgien, abogado sénior del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. "Desde el día en que abrió, la instalación ha acaparado titulares repetidamente por violaciones horrendas a los derechos humanos e incluso por la muerte de tres detenidos, y sin embargo ICE ha logrado evadir toda rendición de cuentas".
Construida para disuadir
La demanda no cuestiona únicamente las condiciones como producto de negligencia: argumenta que son deliberadas. Los documentos judiciales sostienen que la administración Trump diseñó específicamente Camp East Montana y otras instalaciones similares para que fueran visiblemente inhumanas, citando declaraciones oficiales de la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y las propias campañas de autodeportación de ICE como evidencia de que las condiciones crueles funcionan como herramienta de coerción para presionar a los migrantes a abandonar sus casos legales.
La oficina de Operaciones de Aplicación y Remoción de ICE en El Paso reposteó una advertencia poco después de que la instalación abriera que leía, en parte: "Salga en sus PROPIOS términos. EVITE LA CELDA. EVITE LA HUMILLACIÓN". Los guardias de la instalación, señala la demanda, repiten rutinariamente ese mensaje a los detenidos que presentan quejas: si no les gustan las condiciones, que se autodeporte.
Solo el 20 por ciento de los retenidos en Camp East Montana tienen algún antecedente penal, según los datos más recientes de ICE citados en el expediente. Sin embargo, la demanda argumenta que las condiciones en el centro de detención civil son, en algunos aspectos, más punitivas que las encontradas en las prisiones penales —una distinción con significado constitucional considerable, dado que los detenidos civiles no pueden ser sometidos legalmente a castigo.
Los testimonios
Navdeep llegó a Camp East Montana sin antecedentes penales y fue obligado a dormir en el suelo de una habitación abarrotada durante sus primeros tres días. Usó la misma ropa durante aproximadamente tres semanas. Tiene lesiones preexistentes que le impiden colocar las manos detrás de la espalda sin dolor severo; aun así, guardias le retorcieron violentamente los brazos para esposarlo y lo enviaron a confinamiento solitario por aparentemente negarse a obedecer una orden. Lleva cinco meses esperando que su caso migratorio sea resuelto.
Gerald Akari Angye, originario de Camerún, fue golpeado severamente por guardias poco después de llegar cuando insistió en hablar con un abogado antes de firmar documentos. Fue hospitalizado y colocado en silla de ruedas, y luego trasladado a confinamiento solitario al regresar del hospital. Semanas después, su brazo y muñeca izquierdos siguen enyesados. "Ya he experimentado tortura en mi país natal, Camerún", dijo. "Nunca pensé que experimentaría un trato tan violento por parte de guardias aquí en los Estados Unidos".
Un demandante identificado únicamente como ZOR lleva más de ocho meses en la instalación. Cuatro días después de su llegada, agentes lo esposaron y lo llevaron hasta la frontera con México, diciéndole falsamente que le habían concedido asilo y que debía irse, sin mostrarle ningún documento ni permitirle contactar a su abogado. Desde entonces, los agentes han intentado deportarlo aproximadamente cinco veces más, desafiando una orden judicial vigente que prohíbe su remoción. En diciembre, fue golpeado por otro detenido mientras los guardias observaban sin intervenir, rompiéndole tres dientes. Un guardia le confiscó después su crucifijo y lo tiró a la basura.
Erik Ivan Rodríguez Flores, detenido desde principios de enero, llegó como un hombre joven y sano y ahora sufre graves problemas respiratorios por la exposición constante al polvo, además de una lesión de rodilla sufrida dentro de la instalación. Ha estado confinado en una carpa sin ventanas hasta 24 horas al día y fue obligado a trabajar como barbero dentro del centro sin recibir pago.
Carpas no aptas para humanos
La demanda ofrece una descripción detallada del entorno físico de Camp East Montana, que consiste en una serie de carpas en el desierto chihuahuense. Cada unidad habitacional es un recinto sin ventanas que alberga a aproximadamente 72 personas hacinadas en literas sin separación entre ellas. No hay ventanas en ningún lugar —ninguna vista al sol ni al cielo, ninguna forma natural de medir el paso del tiempo.
Los baños y las duchas están encerrados únicamente por pequeñas aberturas en la tela, lo que permite que otros detenidos y guardias observen. Los derrames de aguas negras quedan sin atención. El moho crece sin ser tratado. El polvo y la arena del desierto se cuelan por las rendijas de las carpas y el sistema de ventilación, causando enfermedades respiratorias incluso entre personas que antes de su detención no tenían problemas para respirar. Un demandante que era maratonista profesional antes de ser detenido ahora requiere un inhalador para el asma a diario.
La comida, alega la demanda, suele estar congelada, en mal estado o es completamente insuficiente. Varios detenidos reportan pérdidas extremas de peso. Un brote de sarampión de varios meses infectó al menos a 14 personas. La demanda también documenta exposición a tuberculosis y atención insuficiente para detenidos con VIH, cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas. Un hombre murió poco después de ser liberado de la instalación, tras haber sido privado de quimioterapia durante su detención.
Supervisión fallida
La demanda también plantea serias preocupaciones sobre los contratistas encargados de operar la instalación. El operador original, Acquisition Logistics LLC —una empresa sin experiencia documentada públicamente en detención civil— recibió un contrato por más de mil millones de dólares antes de ser reemplazada en marzo de 2026, tras el escrutinio creciente, por Amentum Services Inc., bajo un contrato sin licitación. Amentum, señala la demanda, tampoco tiene experiencia pública listada en la operación de centros de detención civil o correccional.
El contratista médico, Loyal Source Government Services, tiene un historial documentado de fallas de personal y atención negligente en otras instalaciones federales, según un informe del Comité Judicial del Senado publicado en enero de 2025, meses antes de que Camp East Montana abriera. La estructura de supervisión de la instalación también se ha erosionado durante su operación: la oficina de supervisión de detención civil de ICE está programada para cerrarse, y nuevas restricciones han bloqueado a miembros del Congreso de realizar las inspecciones autorizadas por ley.
Una inspección ordenada por el Congreso y realizada en febrero por la propia Oficina de Supervisión de Detención de ICE encontró decenas de violaciones a los estándares nacionales de detención. El hecho de que el gobierno federal no haya cerrado ni corregido la instalación a pesar de esos hallazgos, argumentan los demandantes, constituye una acción ilegal de la agencia revisable bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
Argumentos legales
La demanda solicita al tribunal que declare las condiciones en Camp East Montana inconstitucionales bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda e ilegales bajo la Ley de Procedimiento Administrativo, y que certifique el caso como una demanda colectiva que cubra a todos los detenidos actuales y futuros en la instalación. De manera más significativa, los demandantes piden al tribunal que prohíba a ICE continuar operando Camp East Montana mientras permanezca fuera de cumplimiento con los estándares federales de detención.
"Camp East Montana está en el epicentro de la cruel agenda de deportación de la administración", dijo Savannah Kumar, abogada de la ACLU de Texas. "Personas de todo el país han sido transportadas a una base militar en medio del desierto y encerradas en un campamento de carpas plagado de muertes, brotes de enfermedades y golpizas de guardias".
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional han defendido consistentemente las condiciones en la instalación. Las agencias no respondieron de inmediato a una solicitud de comentario.
La instalación se asienta en terrenos de Fort Bliss que albergaron en su momento un campo de internamiento para japoneses-americanos durante la Segunda Guerra Mundial, historia que la demanda invoca explícitamente, describiendo Camp East Montana como la más reciente iteración de la detención masiva en esa misma tierra desértica.
"Para nuestros clientes y sus seres queridos", dijo Rochelle Garza, presidenta del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, "estamos trabajando para hacer responsable al gobierno federal y a quienes están detrás de Camp East Montana por su negligencia y el daño causado".