La bebé necesitaba un lugar donde quedarse. Así que, en las frenéticas horas antes de que los agentes se llevaran a sus padres a detención migratoria, su mamá recurrió al pastor y a su esposa. Mientras las patrullas esperaban afuera de la casa móvil de la familia en Lakeland, Florida, ella les dio un curso exprés de cómo cuidar a la pequeña de 4 meses.
Briany, con sus cachetes regordetes y su abundante cabello oscuro, usualmente no era tan inquieta. Pero esa noche de enero ya era tarde, casi de madrugada, y todavía tenía hambre. Su mamá, Doris Flores, había intentado amamantarla para calmarla. No funcionó. Cuando acercó a Briany a su pecho, la leche no bajó. Flores pensó que tenía que ver con el pánico que se apoderó de ella cuando los agentes arrestaron al padre de la bebé y le dijeron que ella sería la siguiente.
La bebé también tomaba leche de fórmula. El pastor y su esposa, que nunca habían tenido hijos, debían llevarse los biberones y las latas amarillas de fórmula, y seguir las instrucciones descritas en el empaque. Debían usar agua destilada, nunca de la llave. Briany tomaba 5 onzas cada vez que comía. Necesitaba comer cada dos horas o dos horas y media.
Ya casi le tocaba su siguiente ronda de vacunas. Ya le quedaban bien los pañales talla 3. Lo que más feliz la hacía era que la cargaran en brazos.
El reverendo Israel Vázquez, de 58 años, es un hombre de voz tranquila y cabello muy corto. Ya había cargado a Briany, cuando la presentó ante Dios en una ceremonia en su iglesia pentecostal en Lakeland. Si él y su esposa, que también es pastora de la iglesia, no recibían a las niñas en su hogar, ellas tendrían que ir a parar a un hogar de acogida. “No nos toca otra, ¿verdad?”, dijo el pastor.
La media hermana de la bebé sería más fácil de cuidar para la pareja mayor. Briana, de 8 años, era tranquila y modesta. Prefería hablar en inglés que en español. Su color favorito era el azul.
Agentes de la Oficina del sheriff del condado de Polk ayudaron a cargar un cochecito y un columpio de bebé al automóvil de la pareja. Luego, los oficiales, empleados por una de las cientos de agencias locales de Florida que ejecutan las leyes migratorias para la administración Trump, esposaron a Flores mientras sollozaba.
Incidentes como este, que involucran el arresto y la detención de padres inmigrantes con hijos ciudadanos estadounidenses, se han duplicado desde que el presidente Donald Trump regresó al poder, según un análisis de un nuevo conjunto de datos nacionales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compartido en exclusiva con ProPublica. En los primeros siete meses de su segundo mandato, las autoridades arrestaron y detuvieron a padres de al menos 11,000 niños ciudadanos estadounidenses, un número que, de haber mantenido ese ritmo hasta ahora, prácticamente se habría duplicado. Eso equivale un promedio de más de 50 niños ciudadanos estadounidenses al día con un padre llevado a detención.
Los datos que sustentan este análisis fueron obtenidos por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington como parte de una demanda en curso sobre registros públicos. Abarcan los últimos tres años de la administración de Joe Biden y la de Trump hasta mediados de agosto de 2025.
Cambio de directriz
Las diferencias entre el destino de los padres inmigrantes detenidos bajo los dos presidentes son muy marcadas, según muestra nuestro análisis. El impacto en las madres es particularmente notable. Trump está deportando cada día a casi cuatro veces más madres de niños ciudadanos estadounidenses, en comparación con Biden.
Que las autoridades de inmigración estén deteniendo a más de estas madres, no explica por sí solo el aumento de las deportaciones. Cuando son detenidas, rara vez se les permite regresar a casa con sus familias. Bajo el mandato de Biden, alrededor del 30% de esas detenciones dieron lugar a una deportación. Con Trump, la cifra es de casi el 60%.
En comparación con la administración Biden, los funcionarios de Trump están deteniendo a muchos más padres que solo tienen delitos menores o no tienen historial criminal. Bajo Trump, más de la mitad de los papás y alrededor de tres cuartas partes de las mamás, no tenían condenas penales en Estados Unidos, salvo por infracciones de tránsito o migratorias.
Las madres inmigrantes de niños con ciudadanía estadounidense están siendo liberadas con menos frecuencia durante el gobierno de Trump
Funcionarios actuales y antiguos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmaron que estas separaciones no constituyen necesariamente una violación de la política. En lugar de eso, han cambiado las directrices sobre cómo sus agentes deben ejercer la discreción. Entre los cambios, un documento conocido como la Directiva de Intereses Parentales recibió un nuevo nombre bajo el mandato de Trump: la Directiva de Padres Detenidos. Y su preámbulo, que antes instruía a los agentes a aplicar las leyes de manera “humana”, ha sido despojado de esa palabra.
John Sandweg, quien supervisó al ICE cuando se adoptó la directiva original bajo el mandato de Barack Obama, dijo: “En aquel entonces, operábamos bajo la premisa de que la unidad familiar lo es todo”. Tom Homan, entonces alto funcionario del ICE y ahora zar fronterizo de Trump, introdujo la directiva a las oficinas locales de todo el país. Si los agentes se topaban con padres o madres, la directiva les ayudaría a hacer cumplir las leyes de inmigración sin “socavar innecesariamente sus derechos parentales”, según sus puntos de discusión de agosto de 2013, obtenidos por ProPublica.
Ahora, según Sandweg y otros ex funcionarios, la segunda administración de Trump ha priorizado metas más agresivas de aplicación de la ley, como arrestar a 3,000 inmigrantes al día, por encima de las preocupaciones sobre los daños que causa separar de manera apresurada a los niños de sus padres.
ICE no separa familias: DHS
ProPublica envió preguntas detalladas sobre nuestros hallazgos al DHS, que supervisa a ICE. La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó en una declaración enviada por correo electrónico que la agencia “no puede verificar la veracidad de los datos” que ProPublica analizó. (Validamos los datos, que la agencia proporcionó a través de solicitudes de información de la Ley de Libertad de Información (FOIA), y nuestra metodología mediante entrevistas con expertos externos). Bis también afirmó en su respuesta que “ICE no separa a las familias”.
Los padres inmigrantes pueden optar por abandonar el país con sus hijos o designar a alguien para que cuide de ellos, señaló Bis, lo cual “es consistente con las políticas de administraciones anteriores”. La directiva revisada “simplemente estandariza los formularios requeridos”. Añadió que “bajo la presidencia de Trump, ICE no ignorará el Estado de Derecho”.
Un portavoz de la Casa Blanca escribió en un correo electrónico que aquellos que se encuentran en el país ilegalmente y “desean evitar el proceso de deportación, deben autodeportarse”.
La desintegración de la familia de Flores comenzó con la supuesta amenaza de otro niño contra Briana, una niña de 8 años.
Según un informe policial del 15 de enero, el chofer del autobús escolar de la niña había contactado a la Oficina del sheriff del condado de Polk después de que Briana dijera que un estudiante de su escuela primaria, un niño de cabello rubio y ojos azules, había amenazado con matarla.
La oficina del sheriff envió a una oficial de policía a la casa móvil de la familia. La agente se presentó ante Flores y su prometido, Egdulio Velasquez, y pidió hablar con Briana. La niña de 8 años era “tímida”, de acuerdo con el reporte policial. Al principio ella dijo que no tenía problemas con sus compañeros de clase. La familia afirmó que la agente interrogó a Briana a solas fuera de la casa. Finalmente, la niña admitió que su compañero de clase la había estado molestando, le daba golpecitos con los dedos en la espalda y en la cara, pero no dijo que el niño la hubiera amenazado de muerte, según el parte policial.
La agente se dirigió a la casa del compañero de clase, y el niño le dijo que era Briana quien había proferido las amenazas. Dijo que ella le había apuntado con un lápiz roto. La agente completó dos formularios de evaluación de amenazas, uno para el niño y otro para la niña, señalando que no había revisado la casa del niño en busca de armas de fuego porque su “padre no cooperó”, pero sí había revisado la casa móvil de Briana.
“No pude determinar una causa probable”, escribió la oficial en su informe. Tendría que archivar el caso. Pero su investigación había revelado algo más: tanto Flores como Velasquez eran inmigrantes hondureños.
Un segundo oficial del sheriff llegó poco después a la casa móvil y tomó sus pasaportes. Según los registros policiales, ese agente llamó a una línea directa de ICE, un requisito derivado de la estrecha cooperación de Florida con inmigración. Un operador le informó que ambos padres tenían órdenes de deportación: Velasquez por una condena por conducir bajo los efectos del alcohol (DUI) y Flores por una audiencia de asilo perdida.
Flores dijo que había perdido la audiencia debido a problemas con la computadora y que estaba tratando de apelar la resolución. Había cruzado la frontera hacia Estados Unidos y solicitado asilo en 2023, después de que un hombre en Honduras la amenazara de muerte. Bis, del DHS, confirmó que Flores ingresó al país en 2023 y que se le había emitido una orden de deportación en mayo de 2025.
Flores conoció en Estados Unidos a Velasquez, quien es del mismo departamento rural hondureño de Olancho. Briana, hija de Velasquez de una relación anterior, nació en Honduras. La familia construyó una vida en Lakeland, donde él trabajaba en una fábrica de tarimas para transporte, y se hicieron miembros de la iglesia de Vázquez.
Apareció una tercera patrulla frente a la casa móvil. Los oficiales arrestaron primero a Velasquez. Lo mantuvieron esposado durante horas en la parte trasera de uno de los vehículos policiales. Pero antes de poder arrestar a Flores, tenían que decidir qué hacer con los niños.
“No sean así”, recordó Flores que les dijo a los agentes mientras sostenía a la bebé Briany. “Mi niña me necesita”. Flores cuenta que le respondieron que solo estaban haciendo su trabajo. Dijo que le rezó a Dios: “Señor, en tus manos pongo todo”.
De acuerdo con Flores y Velasquez, a uno de los agentes le gustó un gatito de la familia y se ofreció a llevárselo a casa. Velasquez dijo que más tarde vio al gatito aferrado a los pantalones del agente.
La Oficina del sheriff del condado de Polk no respondió a preguntas específicas sobre el incidente, en su lugar envió una declaración por correo electrónico en la que detalla su cooperación con las autoridades federales de inmigración, impuesta por el estado.
Eran casi las 11 p.m. cuando por fin llegó una investigadora de los servicios de protección infantil de Florida, dijo la familia. La mujer le informó a Flores que, si no encontraba a alguien que se hiciera cargo de los niños, el estado los colocaría en el sistema de acogida. Así que Flores llamó a su pastor.
El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, comenzó recientemente a pedir una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes sin documentos que no hayan cometido delitos y tengan fuertes vínculos con la comunidad. Una portavoz de la oficina del sheriff escribió en la declaración a ProPublica que los agentes no toman ninguna decisión sobre a quién detener: ellos informan a ICE sobre los sospechosos, y es ICE quien toma la decisión.
Pero señaló que ahora hacen un esfuerzo por determinar el estatus de ciudadanía.
“No ha cambiado nada en la forma en que prestamos los servicios policiales cotidianos en nuestra comunidad”, escribió, “salvo que preguntamos a todas las personas con las que interactuamos cuál es su lugar de nacimiento”.
La política federal aún establece que los agentes de ICE pregunten a las personas arrestadas si son padres o guardianes legales de menores. Si lo son, deben darles la oportunidad de hacer arreglos para el cuidado de sus hijos. La revisión que hizo la administración Trump en julio de esta directiva, la misma que eliminó la palabra “humana” del preámbulo, también incorporó una nueva línea que especifica que la directiva “de ninguna manera limita la capacidad del personal de ICE para tomar decisiones operativas caso por caso”.
En la práctica, los casos en que se exime a los padres son cada vez más raros, dijo Andrew Lorenzen-Strait, un ex funcionario de ICE que supervisó la implementación de la directiva durante las administraciones de Obama y el primer mandato de Trump. “Puede ocurrir caso por caso porque un agente, por su propia humanidad, así lo decide”, señaló.
ProPublica siguió a varias familias durante sus separaciones y analizó el momento y sus secuelas. El resultado fue una gran variedad de desenlaces para los niños.
Diversos desenlaces
Fernanda, trabajadora de un restaurante en Florida, tomó una decisión desgarradora después de que arrestaran y deportaran al padre de sus hijos: mandar a su niño pequeño y a su hija de 4 años a Guatemala para que vivieran con él. Temía que solo fuera cuestión de tiempo antes de que los agentes de inmigración tocaran a su puerta, y no quería que los niños, ciudadanos estadounidenses, se quedaran desamparados.
Fernanda pidió ser identificada solo por su segundo nombre debido a su situación migratoria. El Guatemalan-Maya Center, una organización sin fines de lucro, la ayudó a llevar a los niños al aeropuerto de Fort Lauderdale a principios de febrero. Cuando los subió al avión, el niño iba vestido con un traje de Spider-Man y la niña con una sudadera de CoComelon y un gorro rosado.
Griselda, mamá soltera originaria de Honduras, tuvo que dejar a sus hijas pequeñas con su niñera durante cuatro meses. Contó que iba camino a un trabajo de pintura de casas en Melbourne, Florida, cuando los frenos del carro donde iba como pasajera fallaron y chocó contra una señal de alto. Llegaron policías y llamaron a ICE, dijo.
Griselda, una mujer sobreviviente de violencia doméstica que pidió ser identificada solo por su primer nombre, dijo que les informó a los agentes, y luego a ICE, que tenía hijas. Aun así, la trasladaron fuera del estado y la recluyeron sin ellas en Dilley, Texas. Estaba desesperada por reunirse con su hija de 4 años, nacida en México durante su travesía hacia la frontera sur, y con su bebé de un año, ciudadana estadounidense. Contó que decidió no apelar su caso luego de que un juez rechazara su solicitud de asilo. Entonces ICE mandó a un agente y a una trabajadora social a Florida a recoger a las niñas. Después, dijo, ella y sus hijas fueron escoltadas hasta la frontera para que cruzaran a pie hacia México, un país donde no conocían a nadie y no tenían un centavo.
Un portavoz del DHS confirmó que regresaron a toda la familia junta a México.
Mauricio Ayala, ingeniero de 24 años que trabaja en una empresa del centro de Seattle, llamó al 911 después de que agentes de inmigración arrestaran a su padre el pasado mes de abril. “Detuvieron a mi padre ilegalmente”, le dijo al operador con voz temblorosa, tropezando con las palabras. “Un montón de hombres enmascarados en vehículos sin identificación se acercaron y se lo llevaron”. (Un portavoz del DHS declaró que “nuestros agentes se identifican verbalmente” y usan insignias y chalecos con el nombre de la agencia).
Su padre, colocador de techos, había caído en una de las primeras redadas a gran escala que realizó la nueva administración Trump en centros de trabajo. A partir de ese momento, Ayala, su hermana universitaria y su hermano de último año de preparatoria tendrían que asumir nuevas responsabilidades familiares. Los tres, ciudadanos estadounidenses, se convirtieron en el sostén de sus padres. Su madre había sido obligada a abandonar el país tras un arresto migratorio hacía más de una década, contó Ayala, pero en aquel entonces los agentes no detuvieron a su padre porque había niños pequeños en el hogar. En 2015, su padre fue declarado culpable de conducción temeraria, pero no tenía otras condenas penales que pudiéramos encontrar en Estados Unidos. Ahora, sin embargo, con los hijos entrando a la edad adulta, le tocaba a él ser deportado también.
Para reducir gastos y enviarles dinero a sus padres en México, Ayala dejó su apartamento en Seattle y volvió al tráiler que tenía su padre en una ciudad más pequeña, a hora y media de distancia. Su hermana hizo lo mismo. El hermano menor consiguió empleos de medio tiempo.
María Magdalena Callejas, su novio y su hijo de 14 años fueron detenidos en Texas durante un viaje por carretera la primavera pasada. Ella llamó a una amiga en California a quien le había pedido que cuidara a sus dos hijos menores, ambos ciudadanos estadounidenses, hasta que volviera. Le suplicó que siguiera cuidándolos por más tiempo.
El novio de Callejas fue deportado. Ella y su hijo mayor, Edwin, quedaron en detención familiar, donde él dijo que se sentía estresado porque el centro parecía una cárcel. Contó que perdió 10 libras en una semana, después de enfermarse. Estaba tan abatido, según su madre, que ella sintió que su única opción era aceptar que los devolvieran a El Salvador, un país que Edwin había dejado a los 5 años. (ICE ha declarado que las condiciones en sus instalaciones son seguras para las familias y que todas reciben atención médica adecuada).
Callejas dijo que aceptó regresar a El Salvador únicamente porque entendió que sus hijos de 6 y 4 años podrían reunirse con ella y con su hermano mayor.
El padre de los niños había declarado previamente no contender a cargos por violencia doméstica y tenía una orden de restricción en su contra, lo que le permitía breves visitas bajo supervisión. (Los abogados de ambos padres dijeron que Callejas le permitía pasar tiempo con los niños a pesar de la orden). Cuando su papá se enteró de la deportación de la madre, se opuso a que los niños salieran del país y decidió pelear por la custodia. Desde entonces los niños han estado con una cuidadora, y un juez le ha otorgado al padre más tiempo con ellos, según los abogados de ambos padres. El resultado: una batalla legal de varios meses en una corte de Los Ángeles, con Callejas asistiendo a las audiencias por videollamada desde El Salvador.
De vuelta en Lakeland, Israel Vázquez dijo que no tuvo nada que ver con la alimentación de la bebé esa primera noche ni las noches siguientes. “¡Esa muchacha tomaba leche!”, dijo. Su esposa, la reverenda Raysa Vázquez, se despertaba cada pocas horas para atender a Briany, se sentaba con ella en el sillón reclinable color marrón de la sala, y la mecía hasta que volvía a dormirse.
No sabían cuánto tiempo estarían las niñas con ellos. Decidieron que Briana, de ocho años, siguiera en la misma escuela primaria para no alejarla de sus amigos ni de su maestra. Todos los días hacían el recorrido de ida y vuelta hacia la escuela, unos 45 minutos en total.
Mientras tanto, los padres de las niñas iban de cárcel a cárcel, de centro de detención en centro de detención. Estando detenida, contó Flores, comenzó a sufrir una inflamación dolorosa que, según creía, podría haber sido mastitis provocada por no poder amamantar a su bebé. El pecho le ardía al tacto y le subió la fiebre. Así estuvo una semana.
La pareja de pastores quería hacer todo lo posible para que las niñas se sintieran como en casa, pero también querían asegurarse de que pudieran reunirse con sus padres. Si Flores y Velasquez iban a ser deportados, los pastores querían que las niñas se fueran con ellos. Para eso, Briany necesitaría pasaporte. Habría que conseguir la firma de ambos padres mientras estaban detenidos.
Briany estaba sentada en el regazo de Raysa mientras veían televisión en la sala, balbuceando al compás de la conversación, cuando le sonó el teléfono a Israel. Era un agente de deportaciones de ICE. Le dijo que Flores sería expulsada del país pronto y que se estaba acabando el tiempo para conseguirles pasajes a sus hijas en el mismo vuelo. Se ofreció a ayudar a los Velasquez a conseguir las firmas y dijo que ICE llevaría a Flores a Tampa.
Al día siguiente fueron a una oficina gubernamental en Tampa para que Flores firmara. Allí se le permitió abrazar a las niñas. Al verlas, ella pegó un grito y se echó a llorar. En Mississippi, voluntarios se apresuraron al centro de detención donde estaba Velasquez y consiguieron su firma también.
Unos días después, la pareja llevó a Briany a Miami para recoger el pasaporte y luego llevó a las niñas al aeropuerto de Tampa.
Se encontraron con Flores en la terminal. Llevaba una sudadera y los ojos nublados porque era muy temprano. Israel le entregó la bolsa de pañales que había cargado todo ese tiempo y los biberones de la bebé. El prometido de Flores sería deportado unas semanas después hacia Honduras, en un vuelo distinto. Su hijo mayor, de una relación anterior, que tras el arresto de ella había tenido que irse a vivir con su padre, se quedaría en Estados Unidos. Por ahora solo estaban Flores y las dos niñas. Posaron para una foto y se despidieron.
La familia vive hoy en casa del padre de Velasquez, en el pueblo de San José, en una localidad rural de Honduras. La bebé ya no toma pecho. No lo ha hecho desde la noche en que los agentes la separaron de su madre. “La bebé me la pegué a la chiche y ya no la quiere”, dijo Flores.
La leche de fórmula que prefiere Briany es demasiado cara. Para alimentarla, nuevamente dependen de su iglesia. Hace poco llegó una caja enviada por los Vázquez y su congregación de Lakeland. Con eso tendrán suficiente para varias semanas.