Ciudad de México.- Mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum considera el uso del fracking para extraer gas natural de yacimientos convencionales, 30 municipios de cuatro Estados del País, gobernados por Morena, se niegan a autorizar esa técnica en su territorio.

Más de 30 municipios de Veracruz, Puebla, Chiapas y San Luis Potosí, éste último gobernado por el Partido Verde pero aliado en su momento con Morena y PT, han declarado a sus comunidades libres de fracking.

Estas entidades forman parte de las zonas donde Pemex considera que hay potencial para extraer gas natural en yacimientos no convencionales, de acuerdo con una presentación que hicieron la Secretaría de Energía y la petrolera a inicios de abril.

Las comunidades han decidido proteger sus tierras, población y territorios de despojo, daños ambientales y sociales que ocasionan las actividades extractivas con el uso de fracking, señala un documento de Caral y Asociados.

El análisis expone que en San Luis Potosí nueve municipios de la Huasteca levantaron actas de cabildo para declararse libres de fracking y no autorizar cambios de uso de suelo.

Lo mismo decidieron en ocho municipios de la Sierra Nororiental de Puebla y en Cuetzalan se determinó un ordenamiento ecológico territorial integrado.

En la región noroccidental de Chiapas, al menos 10 municipios se declararon, mediante asambleas comunitarias regionales, zonas de salvaguardas para que ningún mineral ni gas sea extraído de esas tierras.

Asimismo, seis municipios de Veracruz establecieron en actas de cabildo la prohibición para realizar trabajos de explotación o extracción de hidrocarburos.

Estos cuatro estados forman parte de las 11 entidades que tienen potencial para explotar gas natural a través de fracturamiento hidráulico, expone el análisis.

Gabriel Espejel, socio de la consultora, aseguró que las preocupaciones de las comunidades giran en torno de los recursos naturales que se utilizan para el fracking, como el agua.

Añadió que existe una desconexión entre los discursos gubernamentales y la percepción de las comunidades sobre las implicaciones del uso fracking.

"Para las comunidades indígenas, la oposición al fracking no es un tema ambiental, sino una postura clara de algo que no quieren, basada en lo que consideran una afectación directa a los derechos que ya tienen reconocidos en la Constitución y en la declaración de las Naciones Unidas", sostuvo en entrevista.

"Existe una fuerte reticencia hacia los actores externos. Hay desconfianza hacia quienes asocian a las personas con las empresas energéticas o mineras. Por ello, si el Estado intenta realizar procesos de consulta, muchos municipios organizados se negarán a participar argumentando que ellos ya tomaron una decisión definitiva en el pasado".

Consideró que existe una barrera del lenguaje, pues las comunidades en muchos casos está compuesta por campesinos o localidades indígenas, como los otomíes, quienes no manejan los mismos códigos ni conceptos técnicos como "fracking", "gas" o metros de inyección.

Su inquietud también pasa por la falta de información clara por parte de las autoridades y con pertinencia cultural que en verdad les explique las implicaciones de los proyectos en su propia realidad.

"A la población no le resulta atractivo ni cercano el discurso macroeconómico del Gobierno, de que ya no se va a traer gas de Estados Unidos, sino que su inquietud radica en que no ven claro cómo potencialmente se van a beneficiar de manera directa sus comunidades con la utilización de esa tecnología", dijo.