La Secretaría de Hacienda (SHCP) afirmó que la presión de las pensiones contributivas en las finanzas públicas tenderá a disminuir hacia 2042, y que las pensiones no contributivas (o sociales) son un derecho constitucional y deben evaluarse también por su impacto social y no únicamente por gasto.

Grupo REFORMA publicó hoy que en el primer trimestre de 2026, el gasto total en pensiones -es decir sumando las pensiones contributivas y no contributivas-, ascendió a 619 mil 258 millones de pesos, un incremento de 6.5 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior, y el nivel más alto desde 2017 considerando un periodo similar.

"Las pensiones contributivas no pueden analizarse como gasto sin respaldo; derivan de derechos laborales adquiridos y están asociadas con aportaciones a la seguridad social, reservas y mecanismos financieros diseñados para cubrir obligaciones presentes y futuras.

"Por ello, presentar sólo el monto de gasto, sin reconocer contribuciones, reservas y activos financieros, ofrece una visión parcial del sistema. Además, por la transición demográfica y de régimen pensionario, la presión de las pensiones contributivas tenderá a disminuir hacia 2042, cuando la mayoría de las pensiones sean financiadas mediante cuentas individuales", dijo Hacienda en una nota informativa.

Entre enero y marzo de 2026, destacó, las contribuciones a la seguridad social ascendieron a 178 mil millones de pesos, mientras que las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social se ubicaron en 543.2 mil millones de pesos.

Además, recordó, los recursos administrados por las Afores ascienden a 8.3 billones de pesos, equivalentes a 24 por ciento del PIB, y se estima que superen 30 por ciento del PIB hacia 2030.

Sobre las pensiones no contributivas, la dependencia indicó que éstas tienen una naturaleza distinta, pues están dirigidas a personas adultas mayores y grupos vulnerables que, en muchos casos, ya no están en condiciones de trabajar y no tuvieron acceso a una pensión contributiva.

"Esta situación refleja una estructura laboral heredada con alta informalidad y precariedad de los salarios, aunado a trayectorias laborales interrumpidas y normas sociales que históricamente no reconocieron ni remuneraron el trabajo doméstico y de cuidados, realizado principalmente por mujeres.

"Por ello, las pensiones no contributivas deben evaluarse también por su impacto social. Han sido un instrumento central para reducir la pobreza entre personas adultas mayores", expuso.

Entre 2018 y 2024, reportó la dependencia, la pobreza extrema en adultos mayores se redujo de 8.8 por ciento a 3.8 por ciento, mientras que la pobreza en general de este grupo disminuyó de 43.2 por ciento a 23.6 por ciento, equivalente a 1.3 millones de personas menos.

"Presentar únicamente el gasto aislado ignora su función redistributiva, su contribución a reducir vulnerabilidad y su papel en fortalecer el ingreso de hogares con menor capacidad de generar recursos laborales", aseveró Hacienda.

REFORMA también publicó hoy que la deuda bruta total del sector público federal -que incluye al Gobierno federal, Pemex, CFE y la banca de desarrollo- ascendió a 20.1 billones de pesos en marzo de 2026, un monto que equivale al 53.9 por ciento del PIB estimado por Hacienda para 2026.

Al respecto, Hacienda dijo que utilizar únicamente la deuda bruta puede sobredimensionar la posición financiera del sector público, porque no reconoce que el Estado cuenta con activos financieros, reservas actuariales, fondos de estabilización y otros instrumentos que generan rendimientos y permiten afrontar pasivos.

Al cierre de marzo de 2026, expuso, la deuda neta en sentido amplio (SHRFSP) se ubicó en 50.4 por ciento del PIB, por debajo del 53.9 por ciento del PIB de la deuda bruta, debido al efecto de los activos financieros del sector público, equivalentes a 3.5 por ciento del PIB.