La reforma hacendaria contiene modificaciones que debilitan mecanismos de control de gasto y uso de la deuda pública, advirtió México Evalúa.

Recientemente, la Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron un rediseño relevante al marco fiscal mexicano con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), y la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIED).

Con esto, se modificaron las dos principales reglas fiscales del País: la regla del Gasto Corriente Estructural (GCE) y la regla de balance presupuestario, explicó México Evalúa en el análisis "Oportunidades y retos de la reforma a la LFPRH de 2026", publicado este 8 de abril.

La reforma a la LFPRH modifica la definición del gasto corriente estructural para excluir dos rubros: los programas sociales de carácter constitucional y los servicios personales asociados a las funciones de salud, educación y seguridad pública.

Estos dos componentes ya no serán considerados como GCE y tendrán vía libre de crecimiento.

Con la metodología vigente, el GCE representa aproximadamente el 58 por ciento del gasto total, lo que implica que cerca del 42 por ciento del gasto está sujeto a la restricción de crecimiento vinculada al PIB potencial.

México Evalúa estima que, con los cambios propuestos, el GCE aumentaría a alrededor del 73 por ciento del gasto total, reduciendo el porcentaje del gasto sujeto a esta regla a únicamente 27 por ciento.

"La modificación aprobada reduce de manera significativa la proporción del gasto público sujeta a la regla de crecimiento. La regla que hoy se aplica a una parte sustantiva del presupuesto tendrá un componente más acotado; es decir, se limita su capacidad como instrumento de contención del gasto agregado.

"Al excluir del GCE rubros como programas sociales y servicios personales en sectores clave, se amplía la proporción del gasto que no está directamente sujeta a una restricción de crecimiento. Estos componentes suelen presentar dinámicas inerciales -ya sea por factores demográficos, compromisos institucionales o decisiones de política pública- lo que puede dificultar su ajuste en el corto plazo", advirtió el centro de análisis.

Los cambios también implican una mayor dependencia de los ingresos para la sostenibilidad fiscal.

"Con una menor proporción del gasto sujeta a reglas explícitas de crecimiento, la sostenibilidad de las finanzas públicas depende en mayor medida del comportamiento de los ingresos.

"En escenarios donde los ingresos públicos crezcan por debajo del gasto, el ajuste recaería en otras partidas o, en su defecto, en un mayor déficit público", expuso.

Por otro lado, resaltó, los cambios a la regla de balance presupuestario eliminan referencias clave que vinculaban el endeudamiento con el gasto de inversión.

"No se abre el espacio para ocultar el endeudamiento ni se otorga más discrecionalidad para ampliar el déficit total, sino que se normaliza el uso de la deuda para financiar gasto corriente.

"Esto implica un alejamiento del principio establecido en el artículo 73 constitucional, que señala que el endeudamiento debe destinarse a inversión productiva", aseveró.